jueves, 27 de septiembre de 2012

AFSCA - PXP - Editorial -

Debe quedar claro la ley 26.522 vino a reemplazar uno de los tantos resabios de la última dictadura genocida. En estos días vimos nuevamente la embestida mediática, previo goce con las manifesteciones caceroleras del rencor, contra una Ley de la Democracia que espera ser aplicada en toda su integridad. La cuestión una vez más se reduce a la vieja disputa: democracia vs monopolios.

Desde este micrófono sosteníamos en el mes de Abril que La nueva Ley de Medios nació bajo el calor del conflicto con las entidades agrarias y producto de la distancia cada vez mayor del Grupo Clarín con la administración kirchnerista. Desde 1983 fueron presentados 37 proyectos para remplazar la legislación de la dictadura genocida, los distintos intentos naufragaron bajo la presión y el lobby de los grandes multimedios. Entre esos 37 resalta el proyecto presentado en 1987 por el alfonsinismo desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) como el primer avance en este sentido y antecedente directo de la ley 26.522.
Los medios de comunicación se constituyen hoy en operadores privilegiados de discursos sociales y de una amplia circulación simbólica que termina conformando el llamado “sentido común” mediante un proceso de legitimación del mismo. Al momento del debate de la ley, el mapa de medios se caracterizaba por el tipo de concentración empresarial, la debilidad del sistema de medios estatales y un vacío normativo.
En este sentido la necesidad de contar con una legislación democrática ocupaba un lugar relevante. Dentro de los objetivos propuestos se encontraba democratizar las comunicaciones, darle al espacio mediático su condición de espacio público y redistribuir el derecho a la palabra. El espíritu de la ley estuvo sustentado en los 21 puntos presentados de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.”

El nombramiento auspicioso de Martín Sabatella (al que ya calificaron de “comisiario político del gobierno para controlar a los medios”) a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo que vino a reemplazar al ex COMFER, abre las puertas para el cumplimiento cabal de la ley. No se trata aquí de una ley contra el Grupo Clarín o de una ley confiscatoria, cómo algunos quieren presentarla. Cualquier empresario o grupo mediatico que incumpla algunos de los artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales deberá ser sancionado. Para eso debemos militar, por el sostenimiento y cumplimiento real de la ley, para la profundización de la democracia y por un debate cultural pendiente en nuestra sociedad. En ese debate todos desde nuestro rol ciudadano debemos participar. La democratización de los medios no se agota el 7 de Diciembre: ¿cómo puede ser que en una ciudad de las características de Bahía Blanca no exista en la UNS la carrera de comunicación social?, ¿cómo puede manejarse de forma tan arbitraria y corporativa la pauta publicitaria municipal desde una agencia como REX?, ¿cómo podemos permitir que la agenda pública bahiense sea determinada todavía por La Nueva Provincia y LU2?
 
La Ley fija un piso del que no podemos bajarnos, los que la critican lo hacen desde el desconocimiento o desde los intereses concentrados. Ante los ataques corporativos se juega mucho más que el destino de una ley. En Bahía hay nombres propios y responsables directos en la construcción de una ciudad para pocos, la justicia ya los nombró en sus íntimos vínculos con la última dictadura. ¿Algunos seguirán haciéndose los distraídos con la familia Massot?
 
Por Más Democracia. Por Más Diversidad.



GRUPO 83