Expresamos nuestro más profundo rechazo a la ley antiterrorista, impulsada desde el Poder Ejecutivo y aprobada por las cámaras de diputados y senadores nacionales.
Como ya denunciaran otros organismos de Derechos Humanos y distintos referentes sociales, la medida fue promovida por el Departamento de Estado de los EEUU, a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), e introducida mediante un acto extorsivo en nuestro país con la finalidad de castigar actos terroristas y su financiamiento, como requisito para la permanencia argentina en el G20. Estamos hablando de una ley represiva en el marco global de crisis capitalista que lleva a millones de sin voz a las calles para protestar por sus justas reivindicaciones.
Planes similares se han impuesto a lo largo de la historia en nuestro país (CONINTES, Doctrina de Seguridad Nacional, etc.) con nefastas consecuencias para los luchadores populares. Esta ley configura un tipo penal impreciso bajo el rotulo de “terrorismo”, que duplica las penas y permite enmarcar así cualquier acto político organizado para reclamar ante las autoridades. Quedamos librados al arbitrio judicial.
Bajo un gobierno nacional que se caracterizó desde el 2003 por no reprimir los distintos reclamos populares, definiéndolo como política estatal, hoy la criminalización de la protesta social que se lleva desde distintos juzgados y gobiernos provinciales nos ofrece un desalentador cuadro: más de 4000 militantes procesados. El marco jurídico propuesto por el poder ejecutivo vulnera claramente una serie de derechos constitucionales y deja en un estado de desprotección a quienes realicen cualquier tipo de manifestación pública.
Hoy, a 35 años del inicio de la dictadura, los delitos de lesa humanidad son juzgados y sus responsables están sentados ante la Justicia. No debemos olvidar que los 30.000 desaparecidos fueron acusados de terroristas, su militancia (política, gremial, social, parroquial) fue calificada como terrorista y el genocidio ejecutado con el objetivo de “aniquilar el accionar subversivo” para construir un país para pocos.
COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS
