La declaración de “Emergencia de Seguridad” dictada por el gobernador Daniel Scioli para la provincia de Buenos Aires no hace otra cosa que continuar y profundizar la construcción de un clima de temor social, clima que estamos presenciando en las últimas semanas desde que una comisión pluripartidaria integrada por juristas de renombre presentó el ante proyecto de Reforma del Código Penal.
La actitud marketinera, demagógica y neoconservadora del diputado Sergio Massa al intentar encarnar una especie de sentido común de “lagente” desde las mentiras y los prejuicios, falseando directamente datos sobre el contenido del ante proyecto, convocando a una inconstitucional consulta popular y contando con el auspicio abierto de los grandes medios hegemónicos, articula un discurso social al que podemos denominar como “Segurismo”.
El “Segurismo” según la definición de Martín Caparrós consistiría en una “enfermedad infantil del capitalismo de mercado, pretende que las respuestas no deben enfrentar al deterioro social sino a sus consecuencias, por vía de mayor represión. No siempre desemboca en gobiernos más autoritarios, pero puede suceder. Cuando no, produce una intensificación de la represión y el control social dentro de los límites del mismo sistema político”
Ese es el camino que hoy estamos transitando mientras demonizamos a los sectores populares y a los jóvenes. En el imaginario social el ladrón a reprimir es joven, varón y morocho. Un proto fascismo que no podemos naturalizar como sociedad. Los linchamientos y su posterior justificación por parte de cierta dirigencia política constituyen una señal de alarma. De ahí parte nuestra preocupación por las medidas del Gobernador y de su Sheriff / Ministro de Seguridad Alejandro Granados:
-¿Pedir nuevamente cambios en la legislación penal juvenil? Según la Procuración General de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, sólo el 4,3% de los delitos investigados en 2012 tienen como sospechosos a menores.
-¿Prohibir el uso de motos con restricciones horarias y zonas de circulación sin acompañante? Estigmatizamos de paso a los pobres y nos olvidamos que el ciclomotor muchas veces es la salida popular al aumento del valor del pasaje del colectivo, como sucede en nuestra ciudad.
-¿15.000 retirados de La Bonaerense nuevamente a servicio? “La Bonaerense es un nido de víboras imposible de gobernar. Los tipos que se formaron con Camps no conocen otra vida, están cebados y si los enfrentás, te pudren todo. No hay que olvidarse que ellos pueden llevar el nivel de delincuencia a niveles insoportables. Los militares ya no tienen margen para aventuras golpistas en esta sociedad, pero la Policía le va a plantear más de un desafío a los políticos" El testimonio corresponde a un comisario citado en el imprescindible libro de Ricardo Ragendorfer “La Bonaerense” ¿Vamos a olvidarnos de los levantamientos del mes de diciembre? La Policía Bonaerense es parte del problema, no de la solución.
-¿Construcción de alcaidias y unidades penitenciarias para nuevos presos? Hoy de los 28 mil detenidos, 15 mil se encuentran con prisión preventiva y sólo 929 tienen sentencia firme. Existe según la Comisión Provincial de la Memoria un “hacinamiento crítico” y la tortura es una práctica sistemática, con una corrupción estructural y el 57 por ciento de los jóvenes detenidos golpeados.
-¿Consumo de drogas como problema de salud pública? ¿Más compras de patrulleros y chalecos? La matriz represiva sigue siendo la misma que formuló Daniel Scioli cuando intentó en el año 2009 sancionar un Código de Contravenciones para evitar entre otras cosas que se dañe la "moralidad pública y las buenas costumbres" .
El Gobernador presentó así un conjunto de soluciones mágicas, medidas mediáticas con las que consecuentemente se demoniza a los jóvenes, a los sectores empobrecidos y se profundizan las divisiones en una provincia que tiene amplias postales de margininalidad y exclusión. A 30 años de recuperada la Democracia los argentinos podemos decir que no queremos vivir en un Far West Americano.
Si nos consideramos una sociedad madura debemos entender que el delito es una construcción sociocultural y es a su vez una categoría histórica. Hablamos de él a partir de representaciones que no caen del cielo. Lo miramos con el peso de la cultura. Las representaciones cargadas de valores, de ideología, son un producto histórico. Es preferible hablar de conflictividad social y no de delito ya que este último es un concepto cargado de prejuicios.
Como tal, es un fenómeno complejo que requiere respuestas complejas. Respuestas institucionales que miren la realidad desde su multicausalidad y diversidad. No podemos permitir que, representantes elegidos por mecanismos democráticos, en plena vigencia del estado de derecho, corran al auxilio de mecanismos absolutamente enfrentados con los cada vez mas valorados, al menos desde lo discursivo, Derechos Humanos.
Es entonces cuando tenemos una justificada expectativa en que los encargados de tomar las decisiones tengan una mirada amplia respecto de los fenómenos que se buscan abordar, fenómenos que, como sociales que son, encuentran sus orígenes en causas de índole económicas, culturales, sociales, políticas, de salud, por nombrar algunas. Es por lo antes dicho que no podemos aceptar tan livianamente que se propongan políticas exclusivamente represivas bajo la aparente motivación de hacer frente al tan temido “delito”.
Y no lo podemos aceptar, primero porque sabemos, estamos convencidos que no resuelve nada sino que, por el contrario, agrava la situación de aquellos sectores sobre los cuales el sistema punitivo recae con toda su fuerza. En segundo lugar porque debemos estar atentos a las verdaderas intenciones de este tipo de “paquetes de medidas” que suelen favorecer a ciertos grupos económicos y que, gracias al consenso con diferentes colores políticos acceden a ser proveedores del estado en esta millonaria inversión hacia la “seguridad”.
Cámaras, uniformes, armas, capacitación construcción de cárceles, oficinas, burocracia, todo eso tiene un alto, altísimo costo que se DECIDE invertir allí. Esa decisión, como toda decisión tiene un costo. Solo que esta vez creemos que el costo, además de medirse en pesos, se mide en dignidad. La vida de aquellos que tienen signada su realidad por la marginalidad y la etiqueta de enemigos públicos está en riesgo. Su dignidad y su vida está en juego.
Como se fueron las vidas de todos los Kevins y de todos los Davids. Con la absurda excusa de estar atacando al “delito” se han llevado y se llevan a su paso la existencia de esos otros que solo se vuelven visibles cuando atacan la propiedad o la vida de las clases medias acomodadas. Clases medias que postean en las redes sociales y que participan interactivamente de los canales de noticias, potenciando exponencialmente una reacción que se vuelve desmedida, desmesurada. Es nuestra responsabilidad alzar las voces, no ser cómplices de este tipo de decisiones para no ser partícipes de los delitos que se cometen en nombre de la seguridad.
“Gracias yo no quiero muertos por mi libertad”
Diego Savoretti en El Ultimo Verano del Mundo.
G83 Solidaridad + Igualdad
en Nuevo Encuentro
Bahía Blanca, lunes 7 de abril de 2014
