YMAD

En el día de ayer el Consejo Superior de la UNS puso a consideración un tema que hace años se encuentra en debate dentro del ámbito universitario tanto local como nacional: la aceptación de fondos de las regalías de “Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio”, la Minera La Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero de la Argentina. 

 

El periodista Darío Aranda, que hoy lleva una lucha por la libertad de expresión luego de que se lo censurara en dos notas sobre los pueblos originarios, la sojización y el modelo tanto minero como agroexportador en el diario Página/12 trata de forma muy concluyente el tema en la edición del día 12 de julio del corriente en el ya nombrado periódico.

Debería estar al alcance de todos pero, como de costumbre, la desinformación y la ignorancia a la que quieren someternos solo para que no se logre un rechazo social contundente a cierto tipo de ejercicio económico que, si bien trae mucho dinero al país, conlleva consecuencias nefastas al medio ambiente y a los derechos humanos de las comunidades afectadas, se ve a simple vista.

Los pueblos desalojados, los ríos contaminados, los pueblos fumigados, los campesinos asesinados y miles de casos donde el anhelo de llegar a un desarrollo económico próspero se ve enfrentado con las necesidades de los habitantes de éste y otros países a poder satisfacer sus necesidades más básicas son algunos ejemplos de por qué deberíamos rechazar los fondos de quienes son los causantes principales de estas vulneraciones.

Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi, se obliga a YMAD a distribuir utilidades entre las universidades nacionales. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y luego durante la última dictadura militar, se modificó un artículo clave (el número cinco) de la ley y se habilitó el ingreso del capital privado y transnacional a YMAD. Ese fue el germen para que, en la actualidad, tres empresas extranjeras se queden con el 80 por ciento de las utilidades obtenidas de un recurso no renovable.

En 2009 comenzó a implementarse la distribución entre universidades y ocasionó un debate con dos aristas principales: la universidad pública financiada por el sector privado y que ese dinero además provenga de una actividad cuestionada por sus aspectos ambientales, sociales y sanitarios. La Universidad Nacional de Rio Cuarto ya había rechazado fondos en 2009 y 2010, pero en junio pasado votó una resolución para su rechazo definitivo.

Desde 2008 ya son más de veinte las facultades de diversas casas de estudio de todo el país que rechazaron el dinero proveniente de Alumbrera. Y, con la UNRC, ya son cinco las universidades públicas que rechazaron los fondos: Luján, General Sarmiento, Mar del Plata y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esta última fue la que con mayor dureza cuestionó la mega minería planteando que “Se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este Consejo Superior, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”

La Universidad Nacional de Córdoba compromete su apoyo a las comunidades del país afectadas por las “actividades extractivistas”, solicita al Estado la nacionalización de los recursos naturales y también le pide la revisión de la normativa que posibilita la mega minería transnacional. En particular, solicita la “derogación de las leyes de la dictadura militar y de la década neoliberal de los ’90 que promueven la actividad de las transnacionales en desmedro del bien público y del debilitamiento del propio Estado nacional”. La resolución le propone al Consejo Interuniversitario Nacional que “exhorte a los legisladores nacionales” a modificar el marco normativo minero.

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) también rechazó el dinero proveniente de YMAD con un duro documento votado por el Consejo Superior en el que dice que: “Estos modelos extractivos se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo tardío, que a través de capitales transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivista que afectan derechos fundamentales de las poblaciones”. Además, la UNRC brinda su apoyo a las comunidades afectadas por el modelo extractivo y solicita al Estado nacional la revisión de las leyes de la dictadura militar y de la década del ’90 que benefician la actividad extractiva.

En otra parte del documento afirman que “América latina es concebida como región exportadora de materia prima provocando una reconfiguración de los territorios que destruye formas culturales, estilos de vida y profundiza la dominación, en detrimento de los principios de justicia social y ambiental”.

Este año, también la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata cuestionaron la mega minería y el modelo agropecuario actual por sus impactos sociales, ambientales y sanitarios en las poblaciones.

Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia sostienen que el rechazo a los fondos mineros es “Sin duda una noticia que alegra y da esperanza a todos los que luchan por un universidad libre de la injerencia de las corporaciones extractivas, que al no obtener la licencia social de los pueblos para sus proyectos destructores, intentan comprar la licencia académica.”

En el ámbito local desde ADUNS sostuvieron que siempre han mantenido la firme convicción de que los fondos de la mega minería contaminante y expoliadora no deben ingresar a las Universidades Nacionales y que la UNS estaba a tiempo para adoptar una medida similar.

Como habitantes de una ciudad donde las transnacionales tienen su salida al mundo por el puerto y donde conocemos cómo se manifiestan de forma nefasta las decisiones y políticas tanto del empresariado como del poder ejecutivo en detrimento del medio ambiente y las comunidades tanto en los barrios cercanos al polo petroquímico que sufren no solo de la contaminación y enfermedades que éste les brinda sino también de la desvalorización de sus propiedades, de la tercerización de sus empleados y la falta un ambiente laboral acorde al trabajo que se desarrolla que ha llevado a la muerte ,por ejemplo, de Juan Cruz Manfredini y saber que parte de la respuesta a éstas problemáticas es la llegada de Monsanto y sus transgénicos, el fracking para conseguir shale-gas y un dragado en Puerto Cuatreros que hoy en día no está en curso gracias al gran repudio que hemos hecho desde la población local.

La aceptación de los fondos de las mineras por parte de la UNS, aprobados por 16 votos de profesores (Listas Blanca, Universidad), alumnos (MNR) junto con los decanos a excepción de la decana de Humanidades Adriana Rodríguez, contra 12 que obtuvo el dictamen de oposición, es un paso atrás en esta y tantas otras luchas que, como políticos y ciudadanos comprometidos con el bienestar de nuestros pares y de la comunidad en su conjunto, no debemos dar. 

 

GRUPO 83