La
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la semana pasada
una batería de proyectos que están siendo tratados en ambas cámaras
del Parlamento Nacional. Dicho conjunto de medidas suscitan un debate
profundo en todos los espacios políticos, lo que de por sí es
provechoso ya que demarca el grado de debate político que hemos
recuperado todos los argentinos en nuestro país a lo largo de estos
años.
Tenemos
que alejarnos necesariamente de quienes apocalípticamente ya hablan
de “monarquía”
y “dictadura”,
faltándole el respeto a la sustancia misma de los conceptos. Se
refieren también a un intento de “trámite
express”
cuando es la oposición la que se ausenta del debate en las
comisiones y llama luego al “consenso”
y al “diálogo”.
La
variedad de los proyectos en danza nos lleva a marcar consideraciones
particulares. Con relación al proyecto de las nuevas Cámaras de
Casación nos parece interesante como propuesta. En primer lugar
porque es cierto que va a descongestionar los trámites ante la
Corte, y además esos tribunales al ser especializados suelen tener
un elevado nivel intelectual en la interpretación del derecho, lo
que llevaría a pulir nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado
también es cierto que habrá una instancia más entre las cámaras
comunes y la Corte, salvo que se instrumente de alguna forma que le
reste competencia a las cámaras de apelaciones y se reserven
funciones para las casaciones, sino seguramente habrá 4 instancias y
no 3 como ahora.
Respecto del Consejo de la Magistratura, no coincidimos en la objeción de constitucionalidad ya que se está sujetando a los consejeros a ser elegidos popularmente, lo cual es un avance relevante en lo que refiere a la intervención del poder popular en un poder del Estado Republicano. Además se garantiza el espíritu interdisciplinario de los consejeros electos aumentando así la pluralidad del cuerpo y cuidando la representación de las minorías. Pareciera necesario aclarar que la reforma es sobre el Consejo de la Magistratura, pero una vez que los jueces estén elegidos estos quedan sujetos a las garantías de la Constitución Nacional.
El
tema cautelar de por si es muy sensible. Hay que partir del punto que
el abuso cautelar en el marco del asunto Clarín es evidente, donde
la familia judicial cómo en otros casos opta por salvaguardar los
intereses concentrados, pero a su vez es necesario remarcar que el
régimen cautelar que se quiere crear pueda llegar a ser utilizado
por el Estado (cualquiera sea el partido que esté en el mando) de
manera abusiva contra el administrado. Nos preguntamos ¿hasta qué
punto es viable constitucionalmente que una cautelar dure (con
prórroga y todo) un año cuando el juicio en primera instancia puede
durar 3 a 5 años? ¿qué pasa si se levanta la cautelar?. Sobre todo
considerando la naturaleza de auto-ejecutables que tienen los actos
administrativos, también si el Estado apela la cautelar tiene
efectos suspensivos y la posibilidad de instar una cautelar es
excepcionalísimo (cuando se comprometa la vida, salud o alimentos
del administrado). Administrados somos todos, y por supuesto no todos
tenemos el poder de una corporación. Creemos que el asunto con el
Grupo Clarín va mas allá de una ley, la ley no va a venir a
solucionar los problemas de corrupción intra-judicial o tráfico de
influencias y cohecho, por eso cuando se habla de defender
la“independencia”
de
la Justicia también es necesario hablar con todas las letras de la
Justicia al servicio del Poder Económico. En este último punto nos
parece importante recalcar los planteos de Horacio Verbitsky y la
convocatoria realizada por el Senado Nacional al CELS.
Coincidimos
en el llamado a una “Justicia
legítima, democrática y ágil” y
es en ese sentido en el que van encaminados el resto de las
propuestas que estipulan la creación de un registro público de
causas, la implementación del ingreso por examen al Poder Judicial y
la publicidad obligatoria de las declaraciones juradas de bienes para
los tres poderes.
Seguro queda mucho en el tintero para democratizar nuestra Justicia (evitar los abusos en las prisiones preventivas, articular como manda nuestra Constitución los juicios por jurado que constituirían en sí una ampliación de derechos, etc), pero las propuestas presentadas, junto con la unificación y actualización del Código Civil y Comercial, constituyen un muy buen primer paso. Sería mucho más provechoso para nuestra República que todos los espacios políticos fundamenten sus posturas en vez de llamar a golpear la cacerola y que las diferencias se den en todo caso en torno a debates serios. La intolerancia de los abanderados de la “tolerancia” nos preocupa de la misma forma que nos llama poderosamente la atención aquellos que “distraídamente” sólo hablan de la independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo pero nada dicen de la independencia de la Justicia ante los poderes económicos concentrados.
GRUPO
83
El
presente documento fue realizado por militantes de G83 estudiantes
avanzados de la carrera de
Derecho
de la Universidad Nacional del Sur
