El 18 de marzo de 2009 el gobierno nacional lanzó el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en un acto realizado en el Teatro Argentino de La Plata y el 27 de Agosto, luego de la derrota en las elecciones legislativas de ese año, Cristina Fernández envía al Congreso el proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusión 22.285 de la dictadura.
La nueva Ley de Medios nace bajo el calor del conflicto con las entidades agrarias y producto de la distancia cada vez mayor del Grupo Clarín con la administración kirchnerista. Desde 1983 fueron presentados 37 proyectos para remplazar la legislación de la dictadura genocida, los distintos intentos naufragaron bajo la presión y el lobby de los grandes multimedios. Entre esos 37 resalta el proyecto presentado en 1987 por el alfonsinismo desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) como el primer avance en este sentido y antecedente directo de la ley 26.522.
Los medios de comunicación se constituyen hoy en operadores privilegiados de discursos sociales y de una amplia circulación simbólica que termina conformando el llamado “sentido común” mediante un proceso de legitimación del mismo. Al momento del debate de la ley, el mapa de medios se caracterizaba por el tipo de concentración empresarial, la debilidad del sistema de medios estatales y un vacío normativo.
En este sentido la necesidad de contar con una legislación democrática ocupaba un lugar relevante. Dentro de los objetivos propuestos se encontraba democratizar las comunicaciones, darle al espacio mediático su condición de espacio público y redistribuir el derecho a la palabra. La nueva Ley de Servicios Audiovisuales vino a reemplazar uno de los tantos resabios de la última dictadura. El espíritu de la ley estuvo sustentado en los 21 puntos presentados de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
El proceso de represión cultural llevado a cabo a partir de 1976 fue culminado por la degradación y la entrega perpetrada por el menemato. De esta forma la concentración de medios posibilitó la colonización mental de amplios sectores populares. Mientras la patota liberal aniquilaba conquistas sociales producto de años de lucha, los pulpos mediáticos crecían desproporcionadamente al amparo del poder y las voces críticas al pensamiento único neoliberal no encontraban lugar alguno para expresarse. Los “medios independientes” tenían únicamente espacio para la frivolización de la mano de figuras como Tinelli y Susana Giménez.
Es así como nadie puede poner en duda el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en nuestras sociedades contemporáneas como representantes de poderes titánicos. Ahí tenemos a la CNN como extensión corpórea del Imperio Norteamericano, a un previsor Bartolomé Mitre que funda en el Siglo XIX y deja como su mejor heredero y abogado al aristocrático Diario La Nación o a la familia Massot en nuestra ciudad con La Nueva Provincia y LU2 principales espadas del sostenimiento del poder concentrado local y dueños de un discurso fascistoide.
A 3 años del comienzo del debate legislativo y social generado para sancionar la ley 26.522 queda preguntarnos cuál será su aplicación definitiva, que voluntad tendrá el Poder Ejecutivo Nacional en su aplicación y como actuarán los distintos intereses corporativos que buscan dilatarla y prefieren que la Ley de Medios de la Democracia sea letra muerta.
La nueva Ley de Medios nace bajo el calor del conflicto con las entidades agrarias y producto de la distancia cada vez mayor del Grupo Clarín con la administración kirchnerista. Desde 1983 fueron presentados 37 proyectos para remplazar la legislación de la dictadura genocida, los distintos intentos naufragaron bajo la presión y el lobby de los grandes multimedios. Entre esos 37 resalta el proyecto presentado en 1987 por el alfonsinismo desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) como el primer avance en este sentido y antecedente directo de la ley 26.522.
Los medios de comunicación se constituyen hoy en operadores privilegiados de discursos sociales y de una amplia circulación simbólica que termina conformando el llamado “sentido común” mediante un proceso de legitimación del mismo. Al momento del debate de la ley, el mapa de medios se caracterizaba por el tipo de concentración empresarial, la debilidad del sistema de medios estatales y un vacío normativo.
En este sentido la necesidad de contar con una legislación democrática ocupaba un lugar relevante. Dentro de los objetivos propuestos se encontraba democratizar las comunicaciones, darle al espacio mediático su condición de espacio público y redistribuir el derecho a la palabra. La nueva Ley de Servicios Audiovisuales vino a reemplazar uno de los tantos resabios de la última dictadura. El espíritu de la ley estuvo sustentado en los 21 puntos presentados de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
El proceso de represión cultural llevado a cabo a partir de 1976 fue culminado por la degradación y la entrega perpetrada por el menemato. De esta forma la concentración de medios posibilitó la colonización mental de amplios sectores populares. Mientras la patota liberal aniquilaba conquistas sociales producto de años de lucha, los pulpos mediáticos crecían desproporcionadamente al amparo del poder y las voces críticas al pensamiento único neoliberal no encontraban lugar alguno para expresarse. Los “medios independientes” tenían únicamente espacio para la frivolización de la mano de figuras como Tinelli y Susana Giménez.
Es así como nadie puede poner en duda el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en nuestras sociedades contemporáneas como representantes de poderes titánicos. Ahí tenemos a la CNN como extensión corpórea del Imperio Norteamericano, a un previsor Bartolomé Mitre que funda en el Siglo XIX y deja como su mejor heredero y abogado al aristocrático Diario La Nación o a la familia Massot en nuestra ciudad con La Nueva Provincia y LU2 principales espadas del sostenimiento del poder concentrado local y dueños de un discurso fascistoide.
A 3 años del comienzo del debate legislativo y social generado para sancionar la ley 26.522 queda preguntarnos cuál será su aplicación definitiva, que voluntad tendrá el Poder Ejecutivo Nacional en su aplicación y como actuarán los distintos intereses corporativos que buscan dilatarla y prefieren que la Ley de Medios de la Democracia sea letra muerta.
GRUPO 83
