“resulta imperioso ante la proximidad de la iniciación de las clases, depurar
la estructura curricular de la UNS de todo lo tendencioso, unilateral y
partidista, de todo lo reñido con las exigencias elementales del acto de
enseñar y de aprender, así como de todo lo que pueda atentar contra la
seguridad del país, su paz interior - de hoy y sobre todo del mañana- y la
armoniosa convivencia”
Estas palabras fueron pronunciadas el 2 de Marzo de 1975 por el ex rector interventor: Remus Tetu al asumir su cargo; esa “depuración” a la que se refería desató una serie de crímenes políticos al considerar que era necesario extirpar a los “elementos subversivos”. Meses más tarde la Triple A asesinaba a José Surace, Julio García y Gabriel Ganuza, alumnos de Geología de la Universidad Nacional del Sur.
Ya en mayo de 1974 la asunción de Oscar Ivanissevich, representante de los sectores ortodoxos del peronismo, al frente del Ministerio de Cultura y Educación significó el comienzo de la política autoritaria y represiva hacia las Universidades. En todo el país la violencia se apropiaba de los claustros, siendo desplazadas muchas de las autoridades universitarias por interventores que se rodeaban de grupos parapoliciales con el objetivo político de perseguir la actividad de los estudiantes, no docentes y profesores. Nuestra universidad no fue ajena a estos acontecimientos.
En septiembre del mismo año varios profesores del Departamento de Matemática, entre los que se encontraba Fernández Stacco, fueron amenazados por la Alianza Anticomunista Argentina, organización parapolicial que había sido organizada por José López Rega y financiada con fondos del Ministerio de Acción Social.
Para febrero de 1975 el ministros de Educación dio a conocer nuevas normas de ingreso a las universidades, los alumnos deberían presentar certificados de domicilio, de buena conducta o de antecedentes personales y constancias de estudio en original. En la UNS se estableció un cupo de ingreso por carrera destinado a los mejores promedios de la educación media, para las Humanidades se daban entre 25 a 40 plazas de un total de 2050.
Al asumir Tetu las riendas de la universidad contaba con un aparato extrainstitucional conformado por grupos parapoliciales integrados por miembros de la CGT regional al mando de Rodolfo Ponce, además del respaldo de la inteligencia naval y del diario La Nueva Provincia. El accionar de Tetu implicó el cierre de carreras y la expulsión de 225 docentes y varios alumnos por “infiltración ideológica marxista”. Varios estudiantes iniciaron un tribunal popular para poner en cuestión la autoridad de Tetu, lo que motivo su persecución. Los secuestros y asesinatos de alumnos se convirtieron en moneda corriente.
La presencia de Tetu era insostenible, su renuncia fue aceptada recién por el nuevo ministro de Educación 30 días más tarde y ante su reemplazo la CGT y las 62 Organizaciones toman el 1° de octubre varias instalaciones de la UNS en su apoyo. Previamente la CGT había salido a respaldar a Tetu sosteniendo que “en solo tres meses ha conseguido no solo frenar la subversión en esa casa de estudios, sino que ha creado las condiciones para que en ella se pueda enseñar, aprender e investigar en un clima de trabajo y estudio, luego de corregir un desquicio”. El nuevo interventor fue Julio Reynoso, siendo la transición hacia la dictadura.
Creemos que el conocimiento del pasado es un elemento fundamental en las políticas de la memoria tendientes a no olvidar. Frente a la construcción de "olvidos públicos" como política estatal, vemos la necesidad de articular formas rememorativas sobre nuestro doloroso pasado en las que se le otorgue sentido, en las que se pueda hablar de un trabajo activo de la memoria, determinándose las responsabilidades que llevaron a la desaparición de 30.000 compañeros. Bahía Blanca se debe así una reparación a su propio pasado. Entendemos que el rescate de las huellas es parte de una lucha por nuestra identidad, un retorno a esos sueños destruidos y proyectos naufragados de toda una generación. El espacio público de nuestra ciudad debe erigirse como un ámbito de Memoria y Justicia donde nos encontremos todos los bahienses. La colocación de huellas implica el reconocimiento por parte del Estado no sólo de sus responsabilidades sino la sedimentación de una memoria colectiva que reclame por verdad y justicia.
A partir del 28 de Junio la ciudad iniciará el hecho histórico más importante con relación a la justicia, que significa juzgar con todas las garantías jurídicas, que nunca tuvieron sus víctimas, al primer grupo de genocidas que actuaron en jurisdicción del Comando del V Cuerpo de Ejército desde el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”.
De esta forma homenajeamos a José Surace, Julio García y Gabriel Ganuza, estudiantes de la UNS, asesinados por los matones de la Triple A el 6 de diciembre de 1975, en el km 102 de la ruta 35 en proximidades de la localidad de Rivadeo.
Juicio y castigo a todos los culpables
Cárcel común a todos los genocidas
Aparición con vida de Jorge Julio López
30.000 compañeros desaparecidos ¡Presentes!
