Hace 10 años se producían dos escapes, uno de cloro y otro de amoníaco por parte de las empresas Indupa y Profertil, que graficaron la irresponsabilidad de la instalación del Polo en cercanías de la población urbana, y pusieron de manifiesto la relación y connivencia entre el Estado y estas empresas multinacionales. Diferentes juventudes políticas de la ciudad tenemos la necesidad de opinar al respecto.
La instalación del Polo Petroquímico, bajo el paradigma del “progreso”, y la posterior privatización del puerto de Ing. White, comprenden un proceso de tres décadas de constante pérdida de nuestra soberanía sobre la ría y sus costas. Donde antes existía una zona balnearia de acceso público, hoy se encuentran radicadas la mayoría de las empresas. La clausura del balneario Maldonado pone un cerrojo al acceso directo de la población hacia la ría, debido al alto grado de contaminación de las aguas del estuario. Quedó demostrado que la disminución sustancial de la pesca es producto del vertido, no sólo de los desechos cloacales que no cuentan con el correcto tratamiento por desidia estatal, sino de efluentes tóxicos provenientes de las empresas y principalmente a la búsqueda de mayor profundidad en el calado. Esto pone en un punto crítico a la pesca artesanal que cuenta con una tradición de producción de más de 100 años. El nivel de destrucción del ecosistema es irreversible, y como dicen los pescadores hoy tenemos un MAR MUERTO.
Luego de los escapes del 2000, no por casualidad las empresas del Polo han desplegado con muchos recursos una política de clientelismo institucional, para tratar de silenciar el descontento de la comunidad: campañas publicitarias, complicidad a través de los medios de comunicación, refacción de los colegios, financiación de proyectos universitarios, ciclos culturales, donaciones a sociedades de fomento y clubes barriales, han sido parte de este mecanismo de presión y ocultamiento de una situación insoslayable. Por otro lado, la crisis del agua que azota nuestra ciudad ejemplifica los compromisos existentes entre el poder político en todos sus niveles y las corporaciones trasnacionales. Privilegiando el consumo industrial por sobre el de la población, se desconoce el derecho humano al suministro de agua como bien social inalienable.
En la ciudad se ha solidificado un modelo de acumulación de ganancias para una minoría y la socialización de las pérdidas para el conjunto de los vecinos. El proceso de privatizaciones implicó un abandono de las obligaciones del Estado, y el Municipio quedó preso, como queda demostrado cotidianamente, de poderes corporativos que lejos de romper los lazos de complicidad, acentúan una matriz de dependencia dejando a la población totalmente desprotegida. La situación ya es muy crítica, los bahienses padecemos la peor crisis hídrica, y la región se encuentra ante sequías que afectan gravemente a medianos y pequeños productores. La realización de un verdadero censo de salud, la contaminación y la discusión sobre los recursos naturales deberían ser debates prioritarios.
Una década atrás, el viento tan característico de nuestra zona alejó azarosamente el peligro, pero EL VIENTO NO SE LLEVO ni el mar muerto, ni la contaminación ambiental, ni las complicidades corporativas, dejando además la acción sistemática para silenciar y los grandes negocios de unos pocos. Creemos en la necesidad imperiosa de redefinir el rol del Estado, valorando su intervención en la economía, para que con un mayor control medio ambiental se quiebre la situación reinante, y que la lógica de ganancia de las empresas multinacionales no condicione el desarrollo estratégico de la ciudad. Es absolutamente necesaria la participación democrática de la comunidad, no hay lucha más importante que la lucha por la vida.
JUVENTUDES POLÍTICAS DE BAHÍA BLANCA
Juventud EDE - Grupo 83 – Juventud Nueva Bahía -
Proyecto Sur - Voluntariado Mariano Moreno
Comunicado -Bahía Blanca, 20 de Agosto de 2010
