La doble cara de la Impunidad

Los bahienses nos enteramos el último viernes por la tarde que la Cámara de Apelaciones y Garantías desestimó, como era previsible, el jury de enjuiciamiento contra el abogado Ricardo Germani por considerarlo “improcedente e inviable”. Los bloques de concejales del PRO, la UCR y el FPV-PJ desde el HCD realizaron, premeditadamente, una movida para girar a la Cámara la situación de Germani teniendo conocimiento de que las normas administrativas descartarían el proceso incoado en su contra.

Públicamente ya habíamos sostenido que continuar la vía judicial determinada por el decreto ley 8751/77 conducía a un callejón sin salida que garantizaría la permanencia de Germani como Juez de Faltas. Debemos resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados pronunciamientos, en especial el fallo Andrenacci del año 2008, ha sostenido que los Juzgados de Faltas son “órganos de la administración municipal con funciones jurisdiccionales, lo que excluye su inserción dentro Poder Judicial y priva a sus decisiones del carácter de sentencias”. Asimismo declara que “no es correcto asimilarlos plenamente a la condición de jueces en los términos contenidos en la sección VI de la Constitución de la Provincia, tampoco gozan de la garantía de inamovilidad con el mismo alcance consagrado en su artículo 176”.

Ante quienes hipócritamente quisieron presentarse frente a la opinión pública como interesados en explorar la vía judicial contra Germani, se opuso la postura de los concejales del interbloque Integración Ciudadana - 8 de Septiembre que propusieron se declare la nulidad del decreto por el que se designó a Germani como Juez de Faltas, teniendo en cuenta las declaraciones del ex intendente Lopes y el precedente de la Corte / Causa Escobar 2010, entendiendo que resulta procedente la anulación del acto administrativo de designación ante la existencia de vicios que justifiquen el decaimiento del mismo.

Los bahienses nos estamos acercando al inicio de los Juicios contra Crímenes de Lesa Humanidad, sin embargo vemos cómo se intenta amparar con impunidad a quienes fueron resortes fundamentales del aparato represivo de la última dictadura y que inadmisiblemente siguen ocupando hoy espacios en instituciones democráticas. Lo que sucedió en el HCD es similar a lo acontecido en el Consejo Superior de la UNS con la vergonzosa revalidación del cargo a la abogada Girotti. Se escuchan los mismos argumentos, se visualiza la misma indiferencia ante el papel de estos “personajes” en el momento histórico más doloroso que nos tocó vivir a los argentinos. Creemos que no se están revalidando simples cargos, sino que se está justificando simbólicamente el genocidio y la desaparición de 30.000 compañeros.

GRUPO 83 - Federación Juvenil Comunista

Huellas de la Memoria: Guiorzzo, Vita y Golberg

Desde la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, realizamos este homenaje a Mario Oscar Golberg, Hugo Alberto Vita y Nélida Ester Guiorzzo, víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, como continuación del emplazamiento de las “Huellas de la Memoria” en toda la ciudad y la toma simbólica del espacio público.

Debemos recordar que la aparición pública de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) fue en Noviembre de 1973 con el intento de asesinato del Senador Radical Hipólito Solari Yrigoyen. Desde siempre se supo que esta organización parapolicial había sido organizada por José López Rega y financiada con fondos del Ministerio de Acción Social. Su jefe ejecutivo era el Comisario Alberto Villar. Recientemente la ministra de seguridad de la Nación, Nilda Garré, cambió el nombre de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal que llevaba el nombre de este asesino por el de Enrique O´Gorman.

Entre los meses de julio y septiembre de 1974 la Triple A habría realizado 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación global se coloca en el orden de los 1500 crímenes, considerados como crímenes de lesa humanidad. Cuando la Triple A dejó de funcionar como tal, varios de sus miembros pasaron a formar parte de los “Grupos de Tareas” de la Dictadura.

La Triple A en Bahía Blanca tuvo nombres propios: Remus Tetu, Ponce, Argibay, Montezanti, Massot. Es evidente que nuestra ciudad no fue ajena a estos acontecimientos. La persecución a obreros, estudiantes y militantes de base se impulsó desde ciertas organizaciones sindicales en correlato con lo que acontecía a nivel nacional. De esta forma el accionar represivo de las fuerzas del terrorismo estatal comenzó su desarrollo en nuestro país antes del 24 de Marzo de 1976, de la mano de la TRIPLE A asesinando en nuestra ciudad a más de 40 vecinos a partir de septiembre de 1974.

Por eso creemos que el conocimiento del pasado es un elemento fundamental en las políticas de la memoria tendientes a no olvidar. Frente a la construcción de "olvidos públicos" como política estatal, vemos la necesidad de articular formas rememorativas sobre nuestro doloroso pasado en las que se le otorgue sentido, en las que se pueda hablar de un trabajo activo de la memoria, determinándose las responsabilidades que llevaron a la desaparición de 30.000 compañeros.

Bahía Blanca se debe así una reparación a su propio pasado. Entendemos que el rescate de las huellas es parte de una lucha por nuestra identidad, un retorno a esos sueños destruidos y proyectos naufragados de toda una generación. El espacio público de nuestra ciudad debe erigirse como un ámbito de Memoria y Justicia donde nos encontremos todos los bahienses.

La colocación de huellas donde secuestraron o asesinaron a las víctimas del terrorismo estatal durante los años setenta en nuestra ciudad, implica el reconocimiento por parte del Estado no sólo de sus responsabilidades sino la sedimentación de una memoria colectiva que reclame por verdad y justicia.

A partir del 28 de Junio la ciudad iniciará el hecho histórico más importante con relación a la justicia, que significa juzgar con todas las garantías jurídicas, que nunca tuvieron sus víctimas, al primer grupo de genocidas que actuaron en jurisdicción del Comando del V Cuerpo de Ejército desde el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”.

De esta forma homenajeamos a Mario Oscar Golberg, Hugo Alberto Vita y Nélida Ester Guiorzzo, asesinados por los matones de la Triple A el 29 de octubre de 1975, en el Paraje Landa a unos 15km del centro de Bahía Blanca por la ruta nacional N° 35.

Juicio y castigo a todos los culpables

Cárcel común a todos los genocidas

Aparición con vida de Jorge Julio López

30.000 compañeros desaparecidos ¡Presentes!

Los votos por la Impunidad

La Universidad Nacional del Sur, con el voto de 15 de sus consejeros superiores, institucionalizó la impunidad. La revalidación del cargo a la abogada Gloria Girotti constituye un acto que avergüenza a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía bahiense. Estamos hablando de la misma Universidad que a partir del 28 de Junio será sede de los juicios a los genocidas por la causa del V Cuerpo. Se hace evidente un doble discurso peligroso.

La hipocresía demostrada anoche por la mayoría de las autoridades universitarias debe ser conocida y repudiada por todos. Desde la Comisión de Apoyo a los Juicios dimos a conocer nuestro rechazo a la designación de Girotti por su desempeño como secretaria del juez genocida Madueño durante la dictadura cívico militar.

Los argumentos dados para su aceptación carecieron de fundamentos sólidos, fueron maliciosos y constituyeron un atropello a los Derechos Humanos.

Frente a la hipocresía y la impunidad resaltamos la postura representada por la consejera Telma Alonso y la decana Adriana Rodríguez, el voto completo del claustro Alumnos contra la designación de Girotti y el dictamen sólido de la Comisión de Interpretación y Reglamento que fue desoído a pesar de su abrumadora relevancia.

Los nombres de quienes mantienen cómplices del genocidio al frente de las aulas son: Guillermo Lucanera; César Lombardi; Gastón Milanesi; Andrea Castellano; Sebastián Arruiz; Diego Martínez; Miguel Ángel Cantamutto; Adriana Lista; Valeria Scherger; Marta Carlavan; Andrés Bouzat; Pedro Doñate; Liliana Castro; María Susana Rodríguez; y Miguel Lliteras. A ellos se sumó la particular abstención del decano Ricardo Sabbatini.

Juicio y castigo a todos los culpables.

Basta de dilaciones en el proceso judicial.

Revocación de las excarcelaciones a los 36 genocidas.

Cárcel común y efectiva a todos los genocidas.

Restitución de la identidad a los hijos apropiados.

Aparición con vida de Jorge Julio López y castigo a los culpables.

30.000 compañeros desaparecidos ¡PRESENTES!

COMISIÓN DE APOYO A LOS JUICIOS

No a los fondos de YMAD

El día 20 de mayo de 2011 a las 10:30 horas en el Salón de Actos de Av. Alem 1253, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Antonio Gustavo Gómez, disertará acerca de la U.T.E. YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) -Minera Alumbrera, a través de la cual la transnacional explota el yacimiento "Bajo de la Alumbrera" en la provincia de Catamarca.

Las universidades nacionales de Río Cuarto, Luján y Córdoba, así como veintiséis facultades y departamentos de las universidades nacionales de Buenos Aires, San Luis, Salta, Sur, Rosario, La Plata, del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Entre Ríos y la sede Esquel de la Universidad de la Patagonia han rechazado los fondos mineros que se otorgan a las universidades públicas y provienen de la mega-minería que destruye el medio ambiente.

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo” (artículo 41º de la Constitución Nacional)

Ante las excarcelaciones

Un capítulo más se escribe en la historia de la impunidad. A la extensa cadena de acontecimientos que tienden a retardar el castigo a los responsables del genocidio, entorpeciendo la acción de la verdadera Justicia, la Cámara Federal de Bahía Blanca –contrariando una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ha sumado la inconcebible excarcelación a 36 represores procesados por crímenes de Lesa Humanidad.

Poco tiempo después de haber sido recusado Juan Leopoldo Velázquez, ex presidente del Tribunal que dilató hasta lo inexplicable el inicio de los debates orales en la Causa del 5º Cuerpo, los magistrados Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes, representantes de una Institución donde la Lealtad y el Patriotismo son valores a los que se jura defender, han sentenciado con su rúbrica la infamante medida.

Según parecen haber entendido estos funcionarios, los ahora imputados excarcelados -acusados de burlar durante años a la Justicia tras haber cometido las más aberrantes violaciones a los Derechos Humanos – no entorpecerían la consecución del proceso penal. El más elemental sentido común puede inferir que la posibilidad de recibir importantes condenas –por el carácter y el número de sus crímenes- pueda resultar, por sí sólo, un motivo suficiente para fugarse; medios económicos, contactos y logística son elementos con los que han contado sus camaradas profugados y que, sin duda, también estarán al alcance de los recientemente liberados.

No parece haberse sopesado en la balanza de los integrantes de la Cámara Federal el riesgo que su disposición implica para víctimas, testigos, querellantes, militantes y vecinos en general. La comunidad toda se encuentra en estado de indefensión por cuanto es está expuesta a cruzarse en las calles con quienes han demostrado sobradamente ser enemigos de los más elementales principios democráticos.

La conformación de ésta Cámara Federal contrasta notablemente con aquella que enorgulleció a Bahía Blanca al pronunciarse categóricamente y declarar inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y los indultos. Valoraremos y destacaremos siempre el desempeño de aquellos hombres de la Justicia que han demostrado estar comprometidos con la búsqueda de la Verdad y la Justicia.

Esta última medida se suma a la dilación inexplicable del Tribunal presidido por Velázquez para iniciar los debates orales en la causa 5º Cuerpo y al indefectible aplazamiento cuando ya se había puesto fecha -debido a la recusación del mismo juez. Hoy, ante la realidad de los acontecimientos nos encontramos frente a una situación que nos produce dolor y decepción.

Habíamos comenzado a creer que esta ciudad sacudía de sus cimientos ese espíritu fascista abonado durante décadas y adhería institucionalmente al reclamo popular de reabrir las causas -reclamo que fuera canalizado a través de una medida del Poder Ejecutivo Nacional-; creímos que, tras largos años de una búsqueda activa, se iba a procesar con todas las garantías constitucionales a quienes la sociedad ya había condenado; creímos que familiares y compañeros de las víctimas podríamos –de una vez por todas- ver en la cárcel a quienes arrebataron la vida a los mejores exponentes de una generación. Sin embargo, funcionarios cuyo deber es impartir Justicia –salvo honrosísimas excepciones-, nos han venido defraudado sistemáticamente.

Este largo camino de la impunidad en Bahía Blanca se ha visto jalonado con numerosos ejemplos cuya gravedad es alarmante. Podemos mencionar como ejemplo:

-La permanencia como funcionario público de Ricardo Antonio Germani, “agente secreto” de la dictadura cuyo rol era delatar y entregar vilmente a luchadores sociales y políticos, quien accedió a su cargo de Juez de Faltas ocultando como antecedente su colaboración con el gobierno militar (entre 1/9/80 y 1/12/81). Hoy, cuando la Secretaría de DDHH de la Nación ha confirmado la participación del mismo en actividades del terrorismo de Estado, permanece inmutable en su cargo oficial mientras el Poder Ejecutivo local -a pesar de la relevancia del caso- no ha solicitado su renuncia.

-La permanencia en sus funciones del Dr. Néstor Montezanti –profesor universitario y vice presidente de la Cámara Federal, asesor del genocida Acdel Vilas- con pedido de juicio político pendiente en el Consejo de la Magistratura, sindicado por la misma Secretaría como agente civil de inteligencia en su función de “asesor universitario A1” (entre 1/1/81 y 1/6/82) durante el gobierno de facto (según datos que fueran aportados por el Ejército).

-La aprobación como profesora en la UNS de la abogada Gloria Girotti, cuya reválida será discutida por el Consejo Superior Universitario. Girotti fue secretaria letrada (entre junio de 1972 y setiembre de 1979) del Juzgado Federal Nº 1 a cargo del ex Juez y cómplice de la dictadura Guillermo Federico Madueño. Al igual que su colega Hugo Mario Sierra (también docente universitario) se encuentra imputada en la causa del 5ª Cuerpo y el llamado a indagatoria de ambos fue denegado por el Juez Alcindo Alvarez Canale cuya decisión fue avalada por la Cámara Federal.

-La vigencia en la Universidad Nacional del Sur del Reglamento de Admisión y Disciplina elaborado en la dictadura y que fuera ratificado en el plenario del Consejo Superior Universitario.

Consideramos que el poder político debe actuar en consecuencia con el reclamo popular pues el Pueblo mismo les ha dado la posibilidad de cumplir responsablemente el cargo al que han accedido. Es por eso que exigimos al Poder Ejecutivo local que –en consonancia con la política de Derechos Humanos impulsada por la Nación- se expida públicamente a favor del inicio de los debates orales en la causa 5º Cuerpo, en repudio a la excarcelación de los 36 represores y que, a su vez, impulse la renuncia del juez de Faltas Germani, quien se desempeña en un organismo que depende del gobierno municipal.

Decimos, finalmente, que el tremendo golpe que ha significado la excarcelación de los 36 genocidas, lejos de amedrentarnos y socavar nuestras voluntades, nos fortalece, pues cuanto más se aleje el objetivo que nos convoca, más unidos estaremos en su búsqueda. Y ante el intento de perpetuar la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, opondremos la movilización de todos los sectores comprometidos con los Derechos Humanos. Así la Justicia, aunque tarde, llegará a consagrarse. El impulso que nos da la Memoria y el ejemplo de los compañeros desaparecidos nos llamará a las calles, una y otra vez, hasta que el Juicio y Castigo a todos los culpables se convierta en realidad.

COMISION DE APOYO A LOS JUICIOS

Tres Líneas - Caso Germani

Raúl Gallardo (Grupo 83) y Federico Tucat (JR) en Tres Líneas

Caso Germani

LOS SILENCIOS Y LA IMPUNIDAD

Durante el mes de Abril del 2010 los bahienses conocimos un listado desclasificado desde la Comisión Nacional de la Memoria, donde se hacía mención a personas de Bahía Blanca que se desempeñaron como personal civil de inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura cívico militar que asoló a nuestro país asesinando a 30.000 compañeros.

Entre los diversos nombres de nuestra ciudad sobresalió el del actual Juez de Faltas, Ricardo Antonio Germani, defendido “llamativamente” días después por la Corporación del Comercio local bajo un mensaje de impunidad y superación de supuestos antagonismos. Pidieron madurez cívica y no discriminación sin hacer mención alguna al “olvido” de Germani en su curriculum sobre las funciones desempeñadas durante la dictadura. Los datos que apuntan hacia Germani fueron ratificados al HCD en los últimos días por el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alen, quien especificó que cumplía actividades como agente secreto en el destacamento 181 de Bahía Blanca.

Cabe mencionar que según el fiscal federal Abel Córdoba “en otras jurisdicciones, el personal civil de inteligencia que figuraba como 'agente de reunión' aparece secuestrando personas, en interrogatorios o infiltrados en algún ámbito propio, como un sindicato”.

Las complicidades civiles en el plan genocida hoy día son conocidas por toda la comunidad, en Bahía Blanca tenemos algunos nombres propios de quienes fueron sus ejecutores. A 27 años de recuperada la Democracia, como jóvenes militantes no aceptamos que ningún funcionario público tenga vínculos directos con la etapa más oscura que le toco vivir a nuestra república. Repudiamos la participación de Germani en la dictadura, consideramos imperioso que se acelere la investigación y pedimos su apartamiento del cargo.

Pero debemos señalar que la dictadura dejó sus herramientas jurídicas esparcidas, como el Código de Faltas (Decreto Ley 8751/77) de la provincia de Buenos Aires, dictado bajo la gobernación de facto de Ibérico Saint Jean. El proceso de remoción de un juez de faltas constituye un procedimiento burocrático engorroso que prácticamente impide su destitución. La impunidad queda a todas luces garantizada.

El “silencio” de Germani hasta su aparición pública en el listado fue acompañado por otros silencios, amparados por Dámaso Larraburu y sus cómplices, como el del Intendente Cristian Breitenstein bastante cercano a la connivencia. Durante un año no se ha referido al respecto cuando tiene la responsabilidad política como máxima autoridad ejecutiva local. Silencio que además se extiende ante la cercanía de los próximos juicios por delitos de lesa humanidad a realizarse en dependencias de la UNS. Estos hechos significan un retroceso frente a los múltiples avances que todos los argentinos estamos dando en materia de Derechos Humanos. La defensa del sistema democrático y la memoria de los compañeros desaparecidos es una tarea que nos compete a toda la comunidad y en particular a los jóvenes que militamos por la construcción de una sociedad donde la justicia, la igualdad y la libertad sean banderas concretas en nuestra vida cotidiana.

JUVENTUDES POLÍTICAS DE BAHÍA BLANCA

Colectivo Kirchnerista / Federación Juvenil Comunista/ Grupo 83 / Juventud del Encuentro por la Democracia y la Equidad/ Juventud Radical / La Cooke/ Agrupación Artigas – Unidad Socialista / La Campora / Nueva Bahía/ Proyecto Sur

COMUNICADO DE PRENSA - Bahía Blanca, lunes 2 de Mayo de 2011